El Día Nacional del Dirigente Vecinal y Comunitario fue instituido el día 7 de agosto de 1998 –durante la administración del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle- en reconocimiento al trabajo que a diario y de manera voluntaria entregan miles de hombres y mujeres a lo largo del país, en beneficio directo de sus barrios y comunidades.
La fecha escogida para celebrar el aporte de las y los dirigentes vecinales recuerda la publicación de la Ley N° 16.880 sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, promulgada en agosto de 1968, durante el mandato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. La normativa significó un notable impulso a la organización social de vastos sectores populares del campo y la ciudad.
Dicha ley se enmarcó en todo un Plan de Promoción Popular, que contemplaba, en el campo social, un importante proyecto de disminución del analfabetismo (que en ese momento ascendía al 16 por ciento de la población) y en la creación de una Consejería Nacional de Promoción Popular que desarrollaría toda una política orientada a la organización de la ciudadanía, principalmente a través de Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Centros Juveniles y Jardines Infantiles.
Hacia la segunda mitad de los años sesenta, la población del Gran Santiago superaba los dos millones de habitantes, acercándose a los tres millones en 1970. Una de las razones de ese crecimiento era la progresiva migración desde el campo a la ciudad, que se traducía en la instalación de cientos de familias de provincias en sectores periféricos de la capital. En esos asentamientos populares, la precariedad habitacional aumentaba a la par que su población. En 1966 (según datos del Departamento de Estudios Sociales de América Latina) unas 300.000 personas -es decir el 12 % de la población de Santiago) vivían en conventillos, poblaciones callampas o mejoras.
La Promoción Popular supuso todo un esfuerzo por desarrollar las capacidades organizativas y autogestionarias de esos nuevos sectores sociales, a través de la aplicación sistemática de estrategias de educación popular para facilitar la búsqueda de soluciones comunitarias a los problemas enfrentados por los pobladores. Los instrumentos de ese esfuerzo educativo fueron la cartilla y el cuadernillo, que muchos dirigentes vecinales “históricos” aún recuerdan. Se trataba de manuales orientados a educar a la comunidad, sobre formas de organización a través de las cuales los propios pobladores pudieran resolver su condición de marginalidad.
Entre 1964 y 1970 se crearon 3.487 Juntas de Vecinos y se encontraban en funciones 9.000 Centros de Madres, con 450 mil socias activas participando en ellos. Estas organizaciones pronto se erigieron en un fuerte vínculo entre la vida asociativa comunitaria y la administración política municipal y central.
Durante el largo receso que supuso el régimen autoritario, el movimiento asociativo vecinal –en manos de dirigentes designados “a dedo” por las autoridades locales- se recreó en nuevas formas organizacionales (talleres de mujeres, comprando juntos, ollas comunes, centros juveniles, etc) que, de una u otra manera, mantuvieron el espíritu de las organizaciones vecinales de carácter participativo, erigiéndose en un importante actor en la movilización ciudadana por la recuperación de la democracia.
Con la llegada de la democracia, las Juntas de Vecinos comienzan nuevamente a elegir democráticamente a sus directivas, a desarrollar un accionar autónomo y a volcarse nuevamente a su objetivo inicial de “fomentar el desarrollo pleno e integral de las comunidades, agrupadas en torno a las Juntas de Vecinos, dotándolas de los medios legales y económicos adecuados para cumplir dicho fin, e integrar esas organizaciones a la labor de las Municipalidades”, como rezaba el objetivo de la ley de 1968.
El Decreto Nº 1.527 del 22 de julio de 1998 (publicado en el Diario Oficial del 8 de agosto de ese mismo año) vino a reconocer toda esa tradición organizativa. En su principal considerando se expresa: “la necesidad de reconocer el rol que les cabe a las organizaciones comunitarias, tanto territoriales como funcionales, en su carácter de instrumentos básicos de participación de la oblación a nivel comunal, en el desarrollo de la comunidad y en la representación y promoción de valores e intereses específicos dentro del territorio comunal” y se agrega que “la acción y resultado de las diferentes organizaciones se sustenta en la capacidad y entrega desinteresada de sus dirigentes al logro de los objetivos de las respectivas organizaciones”. Reconociendo “la importante contribución al desarrollo de la comuna y del país, que han tenido históricamente las Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias”, el decreto instituye el 7 de agosto de cada año como el Día Nacional del Dirigente Vecinal y Comunitario.
Desde esa fecha, el Gobierno de Chile, y en especial la División de Organizaciones Sociales, en conjunto con diversas organizaciones vecinales y comunitarias del país, se han sumado a la celebración, como una manera de reconocer el aporte y el trabajo desinteresado de los hombres y mujeres dirigentes sociales al desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
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