Iniciativa ciudadana

El plebiscito realizado en la comuna de Vitacura constituyó un hito. Esto, pues se trató de la primera vez que la voz disidente de la ciudadanía se impuso efectivamente a la de un alcalde y su Concejo, al rechazar una serie de cambios propuestos al plano regulador. Tras reunir en 2006 más del 10% de las firmas exigidas para concretar este proceso y sortear obstáculos ante el propio municipio, el Servicio Electoral y la Contraloría General de la República, lograron su objetivo de revertir una decisión que no les parecía.

Este hecho sienta un precedente para otras organizaciones vecinales del país, que ven con buenos ojos la posibilidad de zanjar ciertos temas a través de este tipo de consultas, que entrañan la posibilidad de abrir un espacio a la real vinculación de todos los sectores sociales en decisiones que les atañen en forma directa. Lo cierto es que cualquier avance en materia de participación ciudadana es importante, en cuanto ésta es un factor esencial para consolidar un sistema democrático.

En ese contexto, y porque existe una gran deuda al respecto, hace un año presenté un proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para permitir la iniciativa ciudadana en normas comunales. El objetivo es incorporar crecientemente a las personas en la conducción de sus gobiernos locales y que la participación se materialice a través de propuestas en las materias que se determinen. En definitiva, se trata de implementar instrumentos para que los temas de relevancia sean discutidos con una mayor influencia de las personas en las decisiones públicas, aumentando así la legitimidad de las resoluciones políticas.

De acuerdo a dicha ley, cada municipalidad debe establecer en una ordenanza las modalidades de participación de la ciudadanía local, teniendo en consideración las características singulares de cada comuna. Sin embargo, dicho principio -que consagra la participación popular en la marcha de los destinos de cada comuna- en la práctica se ha convertido en letra muerta.

Es por lo mismo que he planteado la modificación del artículo 93, agregando un tercer inciso que establezca que normas de administración municipal también pueden tener su origen en una moción avalada por firmas que representen al menos al 2% de los electores (de dicha comuna). Así las cosas, la figura de la iniciativa ciudadana en este ámbito busca permitir a la comunidad presentar proposiciones relativas a las materias que se determinen, ya sea a través de Ordenanzas Municipales o Decretos Alcaldicios.

Un gobierno que se dice "ciudadano" debiera tender a empoderar a la comunidad, generando una articulación creciente entre la sociedad civil y la gestión pública. Y, si bien recientemente se han registrado avances –como la aprobación del Defensor de las Personas en la Cámara Baja- el camino es largo y aun queda muchísimo por caminar.

Fuente: El Mercurio de Valparaíso - 31 de marzo de 2009 (columna de opinión)